La Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que la paralización de la
docencia convocada para el próximo viernes 13 de diciembre por parte de la
Asociación Dominicana de Profesores (ADP), vulnera “irrazonablemente” el
derecho a la educación establecido en la Constitución y provoca un clima de
inestabilidad e inseguridad jurídica que no es favorable para la
institucionalidad democrática del país.
“Este llamado a
paralización de docencia genera una suerte de intranquilidad en todos los
sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del calendario escolar,
precisamente habiendo tenido el país los resultados en la prueba PISA 2018,
recientemente revelados, donde se presenta un declive en la educación
dominicana, resultaría inconsecuente que además sean paralizadas las labores de
docencia por intereses particulares que se encuentran inmersos en el sector que
convoca a paralizar la docencia, afectando el esquema de nuestro sistema
educativo”, indicó Finjus en comunicación firmada por su vicepresidente
ejecutivo, Servio Tulio Castaños.
Castaños consideró
que huelga decir que esta ha sido una práctica históricamente repetida por la
ADP, la cual ha sido posible por el modelo político que se ha instalado en el
país en las últimas décadas y que forma parte de las distorsiones de este
sector.
Sostuvo que los
vicios del sistema político reproducidos en la ADP afectan a la ciudadanía,
afectan negativamente las conquistas sociales y obstaculizan los avances
institucionales, así como aquellos en materia de derechos fundamentales.
“Tal como hemos
mencionado con anterioridad, se trata de lacerar un derecho fundamental
consignado en el artículo 63 de nuestra Constitución, por tanto los intereses
nacionales deben prevalecer frente a los de determinados sectores. Es necesario
que diferentes organizaciones públicas y privadas puedan abocarse a repensar a
profundidad los parámetros educativos sustanciales y el currículo existente, a
los fines de mejorar y evitar recurrir a mecanismos como éste que finalmente
empeoran al propio sistema”, argumentó.
Para Castaños, queda
claro que, a fin de cuentas, el mayor perjuicio lo estarían soportando los
estudiantes quienes se ven envueltos de manera indirecta en calidad de recurso
o medio para resolver conflictos en beneficio de otros.
Dijo que esto, además
de contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente, va
en detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir
una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas
previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido.
Enfatizó en que la
consolidación del Estado social y democrático de derecho requiere de priorizar
las herramientas de diálogo y consenso antes que cualquier acción que vaya en
detrimento de la eficacia y garantía de los derechos, más aún tratándose del
derecho a la educación que se orienta a la población de niños, niñas y
adolescentes, interactuando también el Principio de Interés Superior del Niño.
“Desde FINJUS
resaltamos que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial
indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una
base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la
cohesión social y con ello el progreso económico”, expuso.
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